hacia la negociación del reajuste 2007

En las próximas semanas las 14 organizaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector público, agrupados en la Mesa que coordina la CUT, desarrollarán la negociación colectiva más grande de nuestro país: la Negociación de Reajuste y Condiciones Laborales del Sector Público.

Se trata de la segunda negociación que enfrenta el gobierno de Michelle Bachelet, y se produce en un momento económico complejo, en que el Estado cuenta con una enorme masa de recursos y abarcando un período en que la inflación ha tenido un importante alza, reduciendo el poder adquisitivo principalmente de los salarios.

En la negociación anterior, la ANEF no firmó el acuerdo suscrito por la mayoría de las demás organizaciones. Esto porque el reajuste de 5,2% que se promulgó el año pasado no daba cuenta del fuerte crecimiento económico que había tenido el país durante los 2 años anteriores, ni mostraba voluntad de parte del gobierno de romper con la tendencia a incrementar la inequidad que ha mostrado Chile durante los últimos 20 años.

La Mesa del Sector Público ya ha planteado que su propuesta para la negociación de este año será de un reajuste de un 12%, y de elevar los salarios mínimos en el Estado al sueldo ético de $250.000 que ha planteado al iglesia.

En medio de este proceso, el sábado 6 de octubre recién pasado, Alfredo Ovalle, Presiente de la Confederación de la Producción y del Comercio, consultado por ¿cuál debería ser la señal del próximo reajuste del sector público?, señala que : "El ministro nos dio un dato que tengo en los apuntes que tomé y es que para las negociaciones se ha hablado de un reajuste en el sector público de un 12%, pero que va escalonadamente y que cubre cuatro años, así que entiendo que eso está bastante acotado."

Es absolutamente inapropiado que en momentos en que la Mesa el Sector Público se encuentra en el proceso de preparación de su propuesta para la negociación, el titular de la CPC se permita opinar sobre una negociación colectiva de la que no forma parte y en la que ninguno de sus representados tiene intereses. Se trata de una muestra más de cómo el empresariado se extralimita en su intromisión en materias que deben ser resueltas en el debate democrático, por la ciudadanía, sus representantes y las instituciones del Estado, y no por quienes ostentan como único título el poder del dinero.

Resulta más inapropiado aún que el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, entregue “datos” a las organizaciones patronales de nuestro país sobre materias en las que no se han iniciado las conversaciones con los trabajadores y trabajadoras. Un Ministro de Estado sólo debe responder ante la Presidenta de la República, y no requiere informar, ni consultar, ni menos aún “datear” al empresariado sobre materias que son de exclusiva competencia del Ejecutivo, y que son materia del proceso de negociación que se lleva adelante anualmente con los trabajadores y trabajadoras del Sector Público.

Se trata de un hecho gravísimo, en que el Ministro Velasco avala un derecho a veto del empresariado sobre el reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos, y que lo descalifica como interlocutor ante nuestras organizaciones.

Por el contrario, el compromiso suscrito por la Presidenta Michelle Bachelet con la ANEF fue de “mejorar las remuneraciones de las y los funcionarios públicos, de acuerdo al crecimiento económico del país”. Pero las señales que emanan desde el gobierno muestran que en el seno del gobierno reina también "la mano estrecha, la mano apretada" de la que otro Ministro de Estado hablaba a propósito del empresariado.

Es necesario que los trabajadores públicos asuman las lecciones que las luchas sindicales del último año han mostrado. Es sobre la base de la unidad y la movilización que se abren caminos para que, incluso en materias tan mínimos como el reajuste salarial, logremos quebrar las lógicas economicistas y reproductoras de las injusticias que hasta ahora nos gobiernan.